Atendímos la semana pasada a varios propietarios de un mismo edificio, que llegaron alarmados al despacho por que habían sido condenados por un juzgado de instrucción, y ello por cortar el agua a un comunero que no pagaba los recibos correspondientes.
Según parece, decidieron por mayoría en una junta general (15 contra 6) cortar el agua los comuneros que no la pagan y autorizar al presidente y al portero a ejecutarlo.
Desde mi punto de vista, estamos ante una “coacción” y por tanto hay que condenar a aquellos comuneros que votaron a favor del acuerdo, pues el Presidente que no es más que un mero ejecutor del mandato que recibe de los propietarios del edificio.